Vamos a decirlo por si cuela: la reforma laboral impuesta por Mariano Rajoy contiene el mecanismo que puede proporcionar la oportunidad para despedir legalmente al Gobierno, tras varios trimestres consecutivos de recesión económica. ¿No ha autorizado la reforma laboral de 2012 que un empresario puede poner a la gente de patitas en la calle apelando a “causas objetivas económicas”, consistentes en tres trimestres consecutivos de pérdidas en la cuenta de resultados?

Pues con el Gobierno, igual: como la cuenta de resultados del país cumple ya la exigencia legal, los españoles -patronos del Gobierno al fin y al cabo- podríamos acogernos al derecho que nos otorga la reforma. A ver si, al toparse de bruces con el paro, los actuales gobernantes siguen pensando que facilitar el despido favorece la contratación.

Sin remontarnos al Fuero del Trabajo de Franco, allá por 1938, la historia de las reformas, reformitas y cambios en la legislación laboral en España es como el eterno retorno: se justifica del mismo modo, una y otra vez. Se recortan los mecanismos de protección hacia los trabajadores y se introduce más flexibilidad porque el Gobierno de turno opina que la masa laboral no se adapta a los tiempos que corren ni a la realidad económica circundante.

Recordemos una breve historia de las reformas laborales habidas en democracia. La primera gran reforma laboral de Felipe González, en 1984, generalizó la contratación temporal e introdujo mucha más flexibilidad; en 1988, fue necesaria una huelga general para forzar al Gobierno (otra vez el de González) a no institucionalizar el contrato-basura como la única salida a los jóvenes; en 1992, se rebajó la duración y cuantía del seguro de desempleo; dos años después se legalizaron las empresas de trabajo temporal, se amplió el despido objetivo y se crearon las modalidades de contrato-basura.

En 2001 (el gobierno del PP con Aznar de presidente) se precarizaron más contratos, se rebajaron las cotizaciones empresariales y se dificultó el acceso a la prestación por desempleo; en 2002, Aznar introdujo el despido exprés y suprimió parcialmente los salarios de tramitación; en 2010, Zapatero permitió despedir si la empresa preveía pérdidas y redujo las indemnizaciones por despido; en 2012 (gobierno del PP y Rajoy de presidente) se ha despojado a los sindicatos de buena parte de su capacidad para negociar los convenios colectivos, se ha hiperflexibilizado el despido, que también se ha abaratado, y se han recortado las prestaciones por desempleo.

Leas los decretos laborales que leas entre los publicados en el BOE desde 1984, la justificación inicial que han ido dando los Gobiernos correspondientes son perfectamente intercambiables. Veamos tres ejemplos. El primero, de 1984:

“El objetivo central de estas modificaciones es dotar al marco legal de una mayor claridad y estabilidad para reducir la incercidumbre empresarial de las actuaciones que conducen a la creación de nuevos puestos de trabajo y el necesario ajuste de la demanda a las características de la oferta de trabajo. (…) Todas ellas son  formas ampliamente utilizadas en los países occidentales, en los que también se observa una situación de paro juvenil preocupante”.

Despues, en 1994:

“Es imposible ignorar que para recuperar la senda del crecimiento económico y mejorar la competitividad de las empresas, como base imprescindible del mantenimiento y de la creación de empleo, junto a medidas de carácter estrictamente económico, es necesario abordar la reforma del marco de relaciones laborales (…) permitir (…) la permanente adaptabilidad a las circunstancias cambiantes de los procesos productivos y las innovaciones tecnológicas”.

Finalmente, en 2012:

“La crisis económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad del modelo laboral español (…) La reforma propuesta  trata de garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios en la gestión de los recursos humanos de la empresa como….”

Todas ellas participan de la misma visión del mundo del trabajo, que considera que los mercados sólo funcionan adecuadamente cuando los asalariados tienen limitada capacidad de acción colectiva, y los derechos de los trabajadores se reducen a recibir un salario por las horas que son contratados.

Desde el comienzo de la crisis severa en 2008, dos millones y medio de personas se han quedado en paro, y al inicio de 2012 el total ya sobrepasa los cinco millones y medio. En España se ha destruido más empleo y más rápido durante estos años que en todos los demás países juntos de la Unión. 2009 fue, por ahora, el año más recesivo en España (el PIB cayó un 3,7%), pero la actividad económica cayó más en Alemania (el 5,1%) y en Italia (el 5,5%) y, sin embargo, el desempleo en ambos países se incrementó muchísimo menos:

92.000 parados en Alemania, 253.000 en Italia y 1.559.000 parados más en España. En Francia, con una disminución del PIB similar a la española, se incrementó el paro una tercera parte que en España. La primera vía de ajuste en las empresas españolas es, y siempre ha sido, el despido o la no renovación de contratos temporales. Sigue leyendo →