Segunda entrega.
El legislador de Burgos aparenta no preocuparse todavía del aspecto más voluminoso y más serio de una economía monetaria, que estriba en el dinero que hay en las cuentas de los Bancos y Cajas de Ahorros. De él no se dice una palabra.
Toda la ofensiva se concentra sobre los billeltes: las emisiones de radio dependientes del gobierno de Burgos, sus periódicos y buena parte de los del extranjero difunden una lista de billetes del Banco de España “que valdrán” en razón de su tipo y numeración, y anuncian que todos los restantes “no valdrán”.
Con esta acción propagandística se consigue el triple propósito de confundir y desasosegar a la población de la zona enemiga, desprestigiar a la moneda de la misma en el extranjero y acelerar la velocidad de circulación del dinero en la España republicana, donde todo el mundo tiende a sacarse e encima los billetes como si quemaran.
Dejando de lado el surgimiento de una economía de trueque, sobreviene en aquella zona la avidez de compra de lo poco que hay para vender, y así se recuerdan los casos tragicómicos de que un campesino instale dos pianos en su alquería, y similares.
Esta actitud psicológica redunda en fomentar la inflación, con las obvias consecuencias de encarecimiento de precios y de distorsión mortal de todos los mecanismos económicos.
Mientras van creciendo la histeria y el aturrullamiento, las fuentes de información franquistas se callan como muertas acerca del futuro que espera a las cuentas en Cajas de Ahorros y Bancos, porque su guerra principal va contra el billete, y es éste el que les interesa destruir.
El dinero en cuenta está ya siempre más remansado y controlado y no embiste tan vigorosamente contra los precios como el billete en mano. Incluso llega a articularse entre la gente cierta vaga creencia en que, aunque el dinero de papel deje de valer, “siempre valdrán” los saldos bancarios y los ahorros, porque “responde” de ellos el Banco o la Caja en cuestión.
No es cosa de aburrir al lector con un discurso acerca de las disposiciones que van dictándose sobre estas cuestiones desde Burgos. La reacción republicana ante ellas es pobre y contraproducente: castigar a quien atesora billetes “de los que valdrán”, o quien difunde las numeraciones correspondientes. La amenaza de ir a la cárcel, ¿puede ayudar a sentir confianza en el dinero?
Cuando la guerra viene ya de bajada a partir del otoño de 1938, empieza el gobierno de Burgos a expresar su interés por el movimiento registrado por las cuentas durante la guerra, y establece como criterio de bloqueo la fecha divisoria del 18 de julio de 1936, de suerte que todo saldo posterior a tal fecha queda inmovilizado.
La vuelta a la “normalidad” se regula, el 7 de diciembre de 1939, marcando una tabla de seis períodos dentro de la guerra civil y una estimación entre el 90 por ciento y el 5 por ciento de los activos existentes en las cuentas, según su fecha y ningún otro criterio del mundo.
De este modo si un señor falleció en Barcelona durante la guerra dejando a su hijo una cartilla de ahorro con un millón, de fecha anterior al 18 de julio, y el pobre hijo se hizo cargo de la herencia, pagó el entierro, liquidó impuestos y abrió otra cartilla de ahorro a su nombre por 950.000 pesetas el día antes de la entrada de las tropas de Franco, este dinero se le convirtió en 47.500 pesetas en cuenta, y si lo hubiera sacado de ella en billetes republicanos, no lo habría valido nada.
¿Qué duda cabe de que en el territorio republicano se había registrado una inflación que pesaba sobre el futuro del país? Bien está. Obsérvese, empero, que en la “zona nacional” había habido también su propia inflación, de suerte que aquella peseta perdió la cuarta parte de su valor entre 1936 y 1939. Poco es en relación con la peseta republicana, que perdió las nueve décimas partes del mismo durante la guerra. Con todo, el grado de inflación de Burgos es ya bastante para desautorizar su pretensión de tener una moneda sana que toma precauciones contra una moneda enferma.
Sólo dos líneas para aludir a una página de la legislación de bloqueo y desbloqueo que resulta difícil de entender con argumentos de pura técnica hacendística. Se trata de la inmovilización de los créditos de los llamados “improtegibles”. Bajo esta peregrina denominación se entendía, por de pronto, al erario republicano y luegos los sindicatos, partidos políticos, organismos y personas caracterizadas de su bando, así como -bastante asombrosamente por lo específico- “los aprovisionadores del enemigo, de armamento, sustancias explosivas o importadores de automóviles y camiones”, como si sólo estos capítulos fuesen de interés en el vasto catálogo de los suministros de guerra.
Se les bloquearon 3.638 millones y tras ser respetados y liquidados los derechos legítimos de los acreedores de esos proscritos, quedaron 723.052.865 pesetas a favor de los confiscadores.
Fuente: HISTORIA INAUDITA DE ESPAÑA (PEDRO VOLTES)
