Rotos bajo el sol pródigo de España, los campesinos morían atravesados por la lnza del esfuerzo diario. Entre surcos y semillas, se levantaba el último bastión de épocas demasiado cercanas, donde los derechos estaban guardados bajo siete llaves por una noble minoría, donde el Antiguo Régimen, hecho fuerte, se resistía a desaparecer. Dispuestos a sembrar la igualdad y la libertad en las huertas españolas, los liberales del XIX emprendieron un conjunto de reformas que, en vez de mejorar la situación de los labriegos, los convirtió en vasallos de la modernidad, al arbitrio de nuevos y viejos amos.

En clara inferioridad, los liberales consiguieron eliminar de los campos españoles las arbitrarias exigencias heredadas del feudalismo, pero no se atrevieron a poner en duda los derechos nobiliarios sobre las tierras. De esta manera la pretendida revolución agrícola se quedó modestamente en un simple apaño entre la aristocracia, que mantuvo su preeminencia social, y la burguesía, más preocupada por amarrar en el campo los beneficios de la desamortización que por subirse al tren de la industria. Debido a este arreglo, la economía española seguiría colgada del campo, donde la ganancia era segura, y retrasaría su ingreso en la modernidad del motor y la fábrica.

Desde las Cortes de Cádiz la burguesía sabe que la tierra es un bien privado al que se puede acceder sin cortapisa alguna. Sus anhelos de cambio chocaban, no obstante, con los privilegios ganaderos, las fincas de manos muertas o las propiedades de titularidad colectiva. Aunque la asamblea gaditana había incorporado los señoríos jurisdiccionales al Estado, se permitió a los nobles seguir cobrando las rentas y se les reconoció sus títulos de propiedad harto dudosos. Nadie quería enfadar a la nobleza, por miedo a que su represalia hiciese peligrar el ascenso social y el enriquecimiento de los pioneros del capitalismo.

Cortes de Cádiz

Si hasta 1820 los ayuntamientos defienden sus tierras comunales en sintonía con el interés popular, conforme avanza la desamortización se encariñan con las oligarquías, ocasión que aprovechan los aristócratas andaluces para arrancar al Tribunal Supremo las patentes de propiedad dispuestas. Aprendido el método, los nobles se especializan en el mercadeo de influencias sobre la base de la manipulación del poder local y anuncian ya la era del caciquismo característico de la España de fin de siglo, cuando los propietarios manejen desde Madrid el guiñol provincial.

En el crepúsculo del régimen señorial, los bolsillos nobiliarios debieron aguantar la caída de los precios agrícolas, la decadencia de la ganadería y, sobre todo, el final de su cartera de impuestos. Pero de nuevo vendría el Estado en su ayuda cambiándoles los tributos feudales por deuda amortizable o dándoles otras jugosas compensaciones a costa del erario. Sin haberlo soñado nunca, la nobleza se quitó de encima su endémica ausencia de liquidez y se alzó con un rico patrimonio que, libre de las trabas de los mayorazgos, pudo redondearse con compraventas regidas por criterios de productividad. Nacen así  los modernos latifundios de Extremadura y Andalucía con los que la aristocracia mantuvo su categoría social en plena época de triunfo burgués.

Nada de esto ocurrió con la Iglesia y los ayuntamientos cuando llegó la hora de imponer el dogma liberal de privatización de las tierras colectivas. No se trata solo de poner en práctica el decálogo agrario de la burguesía; también apremiaba dar un respiro a las arcas públicas y ganarse estómagos agradecidos para combatir el carlismo. Las órdenes religiosas son las primeras en padecer el rigor de la desamortización, las mismas que ya habían experimentado la fiebre acaparadora de José Bonaparte y el Trienio. Sigue leyendo →