“La pobreza es la madre del delito” (Marco Aurelio, emperador romano siglo II)
“El delito no es más que energía mal encauzada. En tanto todas las instituciones actuales, sean económicas, políticas, sociales o morales, se confabulen para encauzar la energía humana por los canales equivocados; en tanto la mayoría de las personas se sientan fuera de lugar haciendo cosas que aborrecen, viviendo una vida que odian, el delito será inevitable, y todas las leyes de los códigos legales sólo pueden aumentar el delito, nunca acabar con él”. (Emma Goldman, anarquista estadounidense).
Estas palabras, escritas por Emma Goldman en 1917, expresan una opinión que parece tan pertinente hoy como lo era hace casi un siglo. Ella se hace eco de un comentario realizado 12 años antes por el escritor inglés H.G.Wells, quien señaló que el delito es: “la medida de fracaso de un Estado, pues todo delito es, al final, el delito de la comunidad”.
Desde cualquier perspectiva, una de las funciones principales del Estado es establecer instituciones que mantengan cierto orden social, lo cual requiere la obedicencia a las leyes aceptadas por la sociedad como un todo. El delito, perpetrado cuando se viola esas leyes, representa una alteración del orden social y es un desafío explícito a la autoridad del Estado. Una sociedad no funciona correctamente en la medida en que es incapaz de eliminar el delito; en gran parte, la razón de la existencia de un Estado es imponer la legalidad -su legitimidad depende de su capacidad para hacerlo-, de forma que un Estado caracterizado por la delincuencia carece, literalmente, de sentido.
Mapa Mundial de delitos violentos
Un delito es, por definición, una infracción que sobrepasa los confines de las relaciones privadas y pasa al dominio público. Definido y prescrito en algún tipo de código penal, un acto delictivo es aquel cuya comisión se considera ofensiva o perjudicial para la sociedad y punible según la ley. Los mecanismos para abordar la actividad delictiva son establecidos y manejados por el Estado, y suelen implicar a funcionarios autorizados a actuar en su nombre (una fuerza policial) y un sistema judicial que es responsable de perseguir y castigar a los malhechores.
La integridad de la sociedad depende del respeto a la ley, que no sólo debe ser obedecida sino que debe hacerse obedecer. “Si el que infringe la ley no es castigado -afirmó el psiquiatra estadounidense Thomas Szasz en 1974-, el que la obedece es engañado. Por esa razón, y sólo por esa, los infractores deben ser castigados: para verificar como bueno y estimular como útil el comportamiento decente”. Sigue leyendo
