En agricultura, es una novedad el concepto de que una empresa sea “propietaria” de una variedad de planta. Tradicionalmente, incluso las variedades de cultivos de desarrollo reciente, como el arroz, siempre han estado abiertamente al alcance de todos los campesinos. Con conceptos como los derechos de propiedad intelectual se corre el riesgo de cambiar tradiciones muy arraigadas, como la de intercambiar libremente las variedades, no sólo entre campesinos pobres, sino también entre países. La extensión de cultivos de variedades patentadas pueden ir en contra del intercambio de variedades y menoscabar la seguridad alimentaria.
Las leyes que rigen los inventos que se pueden patentar varían de un país a otro. Estados Unidos fue el primer país que concedió patentes de variedades de plantas y es prácticamente el único que permite patentar formas de vida. Otros países consideran que los sistemas de patentes no se pueden aplicar a los organismos vivos. India, por ejemplo, que tiene alrededor de 15.000 variedades de plantas que no hay en otros países, no permite que se patenten. El Indian Patents Act de 1970 establece claramente que los inventos relacionados con los procesos agrícolas y hortícolas no son patentables porque los productos con valor social no deben ser privatizados ni tasados a un precio fuera del alcance de la población en general.
Los pueblos indígenas también se sienten engañados. En la conferencia ministerial de Seattle, los representantes de los pueblos indígenas se mostraron muy preocupados por los derechos de propiedad intelectual: “El acuerdo sobre los ADPIC facilita el robo y el patentado de nuestros recursos biogenéticos”, rezaba una declaración de los pueblos indígenas.
El acuerdo de los ADPIC es tremendamente controvertido porque reconoce las patentes de plantas obtenidas con métodos biotecnológicos a partir de variedades de plantas que son, a su vez, el resultado de años de cruces de los agricultores. Eso implica que los ADPIC no reconocen los derechos de las comunidades sobre sus recursos.
Pero eso “crea un potencial para desastrosos conflictos entre los países tecnológicamente adelantados y los menos adelantados. Los derechos de propiedad intelectual establecen un control privado, exclusivo, monopolístico, sobre los recursos genéticos de las plantas, que acarrean el desplazamiento del agricultor y la pérdida de soberanía alimentaria. Esos “derechos” pueden privar a los campesinos de sus derechos: el derecho a mejorar e intercambiar sus semillas y, en definitiva, el derecho a la supervivencia. Sigue leyendo
